ACTA, el tratado internacional contra la falsificación y la piratería en “entornos digitales”, acaba de ser rechazado por el Parlamento Europeo con un 70% de los votos en contra (478 votos). Con 39 votos a favor y 165 abstenciones en el pleno, la controvertida ley, que ya había sido firmada en enero por la UE y 22 de sus estados miembros, entre los que se encontraba España, no ha sido ratificada por la Eurocámara.
El documento ha sido conflictivo al menos desde que, hace dos años, se supo que su negociación la estaba llevando a cabo la Unión Europea de espaldas al Parlamento, a lo que se suma el malestar y la presión social de la comunidad internauta, actitud cristalizada en los 2,5 millones de firmas recabadas que formalizaron la queja en las instancias del Parlamento Europeo. El tratado estaba –y está– pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre su compatibilidad con las leyes europeas. Aunque el Gobierno estadounidense mantiene en cuarentena, congelados, sus proyectos legislativos antipiratería (SOPA o PIPA), debido a la oposición social y la falta de consenso, sí ha suscrito este tratado de ámbito internacional, además de ser uno de sus principales impulsores. Junto con Australia, Canadá, México, Japón, Marruecos y Corea del Sur, entre otros, lo firmó en octubre del 2011.
Para la entrada en vigor del acuerdo, es necesario que éste sea ratificado por al menos seis países, entre los que se cuentan los anteriormente citados. Para que tenga vigencia en la Unión Europea debe ser aceptado de forma unánime por los Estados miembros y, en ningún caso, podrá ser aplicado en unos Estados sí y en otros no.
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